En su primer acto como ministro de Educación, Jaime Saavedra postergó un concurso para nombrar a trece mil nuevos directores de colegios estatales, de un total de dieciocho mil que deberán ser designados en los próximos meses. Se oponen muchos de quienes ocupan los cargos. Para detener los exámenes interpusieron unas trescientas acciones de amparo en las ciudades principales e hicieron continuas marchas al Congreso. Diversas bancadas los apoyan, sobre todo la del Apra. Si la ex ministra Patricia Salas no hubiera renunciado, este lunes habría asistido a una áspera reunión con la Comisión de Educación. Después le esperaba una áspera interpelación. Luego se venían esfuerzos para lograr su censura.
El argumento en contra de los concursos es que vulneran derechos adquiridos de estabilidad en el cargo de los directores de colegios. El favorable es que fueron nombrados por solo cinco años. A Salas le faltaba el aire político necesario para dar esta batalla, decisiva para el avance del proyecto educativo del gobierno. Saavedra debe ganarla, o le espera la misma suerte.
LOS FURIOSOS
Desde 1994, decenas de miles de profesores concursan para ser directores y subdirectores de colegios por cinco años. Nuevos concursos se convocaban conforme los periodos se iban venciendo. Pero se interrumpieron en 2006, de modo que los directores actuales ejercen el cargo con el mandato vencido. Fue un efecto colateral de la fallida reforma de la carrera magisterial intentada en el gobierno anterior.
Esta reforma ofrecía beneficios remunerativos a quienes aceptaran ser evaluados, abandonando el esquema protector de una ley de 1984. Después de cinco convocatorias solo 25.000 de 196.000 profesores dejaron el antiguo sistema. Lo cual frenó el proceso concursal en los colegios. No quedaron candidatos, pues quienes compitieran debían haber dado el salto. Entonces se produjo otro cambio.
Desde 2012, con la ley de Reforma Magisterial decretada durante la gestión de Salas, todos los profesores pertenecen a un mismo régimen, todos deben aprobar exámenes y los cargos directivos de las escuelas públicas vuelven a ser concursados. Quienes ganen serán evaluados cada tres años para continuar en el puesto. Sin embargo, antes habrá jaleo.
La tesis de los derechos adquiridos subyace en un proyecto de ley que el congresista del Apra Javier Velásquez Quesquén sustentó el 28 de octubre en la Comisión de Educación. En su artículo único, amplía la permanencia en el cargo de los actuales directores de colegios estatales, sujetándola a evaluaciones. Estaba allí para contradecirlo Manuel Paiba, el director de Trayectoria Docente del Minedu. Velásquez no permitió que hablara.
–No voy a debatir con un técnico –dijo–. Que venga la ministra.
Pero la ministra renunció.
LOS RÁPIDOS
Para el nuevo ministro el concurso es un partido de fondo porque, con un sistema en crisis, está previsto que los directores sean líderes del cambio educativo. Tendrán poderes administrativos y sancionadores, algo que hoy no ocurre. Aparte de un examen con preguntas aleatorias sobre diversos aspectos de la gestión, será importante la solución de un problema hipotético dentro de la escuela. Saavedra, al postergar el concurso hasta mediados de noviembre, quiso asegurarse que la automatización del proceso funcionara en todas las provincias. Era un retraso más, porque el ministerio lleva varios en su haber.
El Minedu aún no realiza dos concursos voluntarios previstos en la Ley de Reforma Magisterial para profesores del sistema de 1984. Son como doscientos mil. Ellos fueron recategorizados a escalas inferiores y los exámenes les permitirán ascender si aprueban. “Estas pruebas debieron ser anteriores a los concursos de directores de escuela”, dijo un alto funcionario. “Como la desconfianza es altísima entre los maestros la ley debe ser aplicada rápido, para que vean resultados”.
La administración Salas ha demostrado cierta lentitud, y una idea en el gobierno es que ello brinda más alas a la oposición, que no solamente es aprista. El Tribunal Constitucional resolverá tres demandas contra diversos artículos de la norma, una de ellas del Sutep, que ha contratado a Javier Valle Riestra.
Saavedra, sin embargo, ha ratificado a Fernando Bolaños y Martín Vegas, viceministros de las áreas institucional y pedagógica, respectivamente. Los complementará con la asesoría del experto en sicología educacional Santiago Cueto y con la de los dos viceministros que organizaron el Midis con Carolina Trivelli: Juan Pablo Silva y Jorge Arrunátegui. Ambos traen la consigna de producir mayor rapidez en la implementación de las políticas. Aunque el Sutep sostiene que el recambio en Educación es para que allí se hable el mismo lenguaje del MEF –que los recién llegados dominan a la perfección–, una fuente gubernamental dijo que era para movilizar a un ministerio estancado.
–Hay que destrabar cuellos de botella –añadió–. Hacer que las cosas sucedan.
Por cierto, Salas tenía atragantada otra pepa: su propia reforma institucional. La trababa un desacuerdo con el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, respecto de la supervisión a las universidades.
ORDEN DE PALACIO
Mora fue una pieza importante para apoyar en el Congreso la Ley de Organización y Funciones (LOF) del Ministerio de Educación. Solo que discrepaba en un punto: la supervisión de las universidades. En el proyecto inicial enviado por el Minedu al Congreso contemplaba que los actuales viceministerios de Gestión Institucional y Gestión Pedagógica se convertirían en uno de Educación Básica y otro de Educación Superior. Estaba pensado que en el primero estuviera Vegas y en el segundo Bolaños. Pero el sistema universitario estaba fuera del foco de interés del ministerio. Cuando el proyecto llegó a sus manos, Mora se lo chantó sin mayor trámite.
El tortuoso camino de este proyecto comenzó en la Comisión de Descentralización, que también discute asuntos de modernización del Estado. En el primer semestre del 2013 estaba presidida por Richard Acuña, hijo del dueño del consorcio universitario César Vallejo. Allí pasó sin problemas la delimitación competencia del ministerio, restringida a “institutos y escuelas superiores”. Cuando el dictamen pasó a la Comisión de Educación, Mora reemplazó estos términos por “educación superior”, a secas. A continuación, incluyó una Autoridad Nacional de Educación Universitaria adscrita al flamante viceministerio de Educación Superior. El Minedu no la quería para nada.
La discrepancia sobre este organismo, que el sentido común considera necesario pero que viola la autonomía universitaria, mantiene entrampada la reforma institucional del ministerio. Bolaños sigue de viceministro en el aire. La ex ministra no tenía juego político en el Congreso, donde más bien cosechaba animadversiones. El 19 setiembre, Jorge Rengifo, el coordinador parlamentario de Educación, llegó al hemiciclo, donde iba a comenzar un pleno, con la noticia de que había una orden de Palacio de Gobierno para votar de una vez la LOF del ministerio tal cual había sido enviada originalmente. Mora estaba a punto de dar su brazo a torcer, cuando un asesor le hizo leer declaraciones de Ollanta Humala publicadas esa mañana en los diarios. Pedía combatir a las universidades-negocio.
–¿Cuál orden de Palacio?
–dijo– . Y la LOF no se votó.
LA OTRA MEGA
El presidente, en efecto, quiere meterles mano a las universidades-negocio, pero la autonomía está de por medio. Una ley universitaria se halla en elaboración, y Mora está encima con el mismo objetivo. La complicidad de la Asociación Nacional de Rectores con situaciones insostenibles parece fuera de toda duda. En el Congreso hubo una discusión por adelantado cuando, el 31 de octubre, resolvió sin un voto en contra que la Comisión de Educación investigue irregularidades en la Universidad Garcilaso de la Vega, que no paga impuestos y cuyo rector gana diez millones de dólares al año.
¿Considerará Saavedra este tema como suyo?
Fuente: La República
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