Haber apoyado la candidatura de Ollanta Humala a la Presidencia de la República no significa, en ningún modo, renunciar a la critica y a la contradicción. La política se enriquece con el debate, la critica y el control de los actos de gobierno. Estamos lejos de ser la portátil del gobierno y de practicar el soboneo fácil porque no tenemos intereses bajo la mesa. Hay promesas electorales que deben cumplirse en el terreno de los derechos laborales, especialmente del magisterio peruano. No compartimos la idea del MINEDU de profundizar la aplicación de la Ley 29062 - CPM y la subrogación tacita de la Ley 24029, Ley del Profesorado. La primera, ha provocado una fuerte resistencia del profesorado y representa una eventual fuente de conflicto social. La segunda, es la que mejor representa los derechos laborales del magisterio peruano, históricamente postergado por sucesivos gobiernos. Pese a que fuera congelada desde su promulgación, esta ley es la que se pone a tono con las tendencias de un derecho laboral de signo progresista reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e importantes instrumentos jurídicos internacionales como la Convención Americana de los Derechos Humanos.
No cabe duda que todo Estado debe promover una carrera profesional del profesorado competitiva, con maestros eficientes en permanente evaluación, ascensos e incremento de sus remuneraciones. La Ley 24029, Ley del Profesorado cumple ese perfil.
El hecho es que jamás fue puesta en práctica por razones presupuestarias. Simple y llanamente la derecha gobernante jamás quiso hacer realidad porque evaluar al magisterio y hacer efectivos los ascensos de nivel, además de las asignaciones por tiempo de servicios, el pago del 30% por preparación de clases, etc. Demandaban al Estado un fuerte incremento en el presupuesto del sector. Y eso era intolerable para los gobernantes quienes prefirieron congelarla in fine y con el auspicio de la tecnocracia neoliberal del Banco Mundial , BID, etc. perfilar una carrera publica magisterial cuyo centro apuntaba a tirar abajo importantes conquistas laborales del magisterio peruano, mientras promovían la progresiva privatización de la educación a través del Decreto Legislativo. 882 promulgada en 1996 durante el régimen fujimorista para exonerar al Estado de su deber constitucional de proporcionar educación publica gratuita y de calidad al país.
Gracias a esta ley nacen las "escuelas - negocio", los "colegio - garaje", las "universidades bamba", los "títulos a distancia", "maestrías por correo", etc. gestándose poderosos grupos económicos exonerados del pago del impuesto a la renta en el negocio educativo, mientras las escuelas publicas han decaído en todo, con maestros mal pagados y alumnos sub alimentados. Este proyecto de educación privatista y antilaboral rige aun en el Perú, mientras en Chile miles de estudiantes, maestros y padres de familia luchan para rescatar al Estado de la voracidad neoliberal y convertirla en vigoroso promotor de la educación publica.
En este periodo esta en juego el continuismo neoliberal o el cambio con inclusión social. En el FARM tenemos claro que aplaudiremos la gestión del gobierno solo cuando se coloquen las bases del cambio sobre todo en un sector, como la educación, pilar estratégico para el desarrollo y la inclusión social. Mientras tanto la lucha continúa.
POR LA DEROGATORIA DE LA LEY 29062 CPM
POR LA DEFENSA, VIGENCIA Y DESCONGELAMIENTO DE LA LEY DEL PROFESORADO 24029
POR LA EMISIÓN DEL D.S. QUE DEROGUE LA MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
POR AUMENTO DE SUELDOS AL BASICO DEL MAGISETRIO NACIONAL
NOMBRAMIENTO DE MAESTROS
San Juan de Miraflores, Octubre del 2011
