Congreso de Honduras aprueba polémica Ley de Educación 60.000 educadores agrupados en seis sindicatos que integran la Federación de Colegios Magisteriales de Honduras (FOMH) depusieron el lunes (04 de abril) el paro de cinco semanas, durante el cual participaron a diario en manifestaciones callejeras, que fueron reprimidas por la policía con saldo de una profesora muerta y decenas de lesionados y detenidos.
Y la iGLESIA católica, como en todos los países de nuestra América siempre metiendo su cuchara, el cardenal de Honduras dice: "Maestros deben de pedir perdón"... Al cardenal, que apoya el golpe contra Zelaya y defiende la Dictadura de Lobo, no le interesa la brutalidad policial, los maestros detenidos y la muerte de una maestra durante las jornadas de lucha.
El Congreso hondureño aprobó la polémica Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública pese a que durante las últimas cinco semanas la normativa causó un paro de maestros en ese país centroamericano. Los docentes siguen advirtiendo que debido a que la legislación delega el manejo de las escuelas a los municipios, podría ser el paso a la privatización de la enseñanza.
En la sesión el Congreso aprobó la Ley educativa con 97 votos a favor de un total de128. A pesar de que el presidente del país, Porfirio Lobo, defiende la iniciativa como una propuesta que ayudará a “mejorar” la calidad de la educación; los docentes, que han convocado a paros consecutivos en las últimas semanas, insisten en que la Ley sólo persigue la privatización de la educación.
Pese a la mayoría de manifestaciones de docentes, el presidente del Congreso de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró que “siento que es un gran paso que hemos dado, probablemente puede ser criticable la Ley, no puede ser perfecta (...), pero la presencia de los padres en la educación de sus hijos, ese es un gran paso”.
A su vez, una comisión integrada por ministros, diputados y sindicalistas, nombrada por Lobo, inició un diálogo con los dirigentes magisteriales sobre la aplicación de la Ley con el fin de llevar a posibles acuerdos con los que se siguen oponiendo a la normativa.
Este lunes, unos 60 mil educadores agrupados en seis sindicatos que integran la Federación de Colegios Magisteriales de Honduras (FOMH) acordaron suspender la huelga que iniciaron hace 27 días contra esta Ley. El pasado 9 de marzo, los maestros declararon la huelga indefinida en rechazo a la normativa de descentralización educativa, que para ese entonces aún estaba en consultas.
Los docentes exigían la solución de la crisis financiera de su fondo de pensiones, aunque rechazan una junta interventora que nombró el Gobierno, y el restablecimiento del alza automática de sus sueldos en el mismo porcentaje del aumento anual del salario mínimo. A su vez, demandaban que el Tribunal Superior de Cuentas suspendiera los reclamos administrativos contra centenares de docentes por haber recibido salarios y otros beneficios económicos por nombramientos ilegales.
El 27 de marzo, el Gobierno hondureño declaró ilegal la huelga y advirtió, tras la declaración de una “emergencia educativa”, que suspenderá sin goce de sueldo a los docentes que no se reincorporaran a clases entre el 28 de ese mes y este lunes, y que despedirá a quienes no lo hagan el próximo miércoles. Además, suspendió las licencias con goce de sueldo a todos los dirigentes magisteriales. Hasta ahora, el Gobierno no ha anunciado cuántos maestros han sido sancionados, pero algunos medios locales indicaron que unos 150 ya fueron suspendidos en Tegucigalpa.
Durante las protestas, que la Policía desalojó con bombas lacrimógenas y chorros de agua, se registró al menos una maestra muerta, así como también decenas de manifestantes heridos y detenidos. ¿Una ruta para la solución? Las últimas noticias de Honduras nos informan que: El gobierno y los maestros definieron ayer el camino para encontrar una solución a la profunda crisis en que se encuentra sumido el sistema educativo en Honduras.
Los miembros de la dirigencia magisterial se volvieron a sentar con el presidente Porfirio Lobo tras la instalación de una nueva mesa de diálogo el miércoles anterior en Casa Presidencial. Las pláticas dejaron ayer como resultado el establecimiento de una agenda de ocho puntos que comenzará a ser discutida este día punto por punto en la sede del poder Ejecutivo, a través de diferentes grupos técnicos de trabajo.
La agenda quedó compuesta por cuatro planteamientos hechos por el gobierno y cuatro propuestos por la dirigencia magisterial. Como primer punto, el poder Ejecutivo planteó la creación de un procedimiento o ley que permita regular la forma de solución de los conflictos económicos y sociales en el sistema educativo y que incluya prácticas directas de mediación, conciliación y arbitraje. En el segundo punto se propone la integración de los organismos de la sociedad civil a una mesa de trabajo que permita discutir y consensuar la propuesta de la Ley General de Educación.
El gobierno planteó en su tercer punto la creación de un foro permanente entre el Ejecutivo, el Legislativo, el magisterio, las sociedad civil y las iglesias, que permita realizar reformas profundas al sistema; y como cuarto planteamiento propuso elaborar un censo nacional con todos los datos de 2011 para establecer el número de docentes que laboran en el sistema educativo.
Peticiones del magisterio Los miembros de la dirigencia magisterial, por su parte, plantearon como primer punto la solución a la crisis financiera que atraviesa el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), que registra un déficit actuarial de casi 72,000 millones de lempiras.
Como segundo punto, los profesores demandan el respeto irrestricto del Estatuto del Docente y la suspensión de los reparos del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), un hecho que ha sido fuertemente cuestionado por distintos sectores de la sociedad ante la impunidad con la que pretenden operar los docentes en Honduras.
El tercer planteamiento tiene que ver con dejar sin efecto las suspensiones laborales y las deducciones salariales aprobadas por el gobierno ante las constantes paralizaciones en el sistema educativo. El gobierno aprobó suspensiones que van desde dos meses hasta el despido justificado de maestros faltistas, esto luego de haber decretado como ilegal el paro establecido por la dirigencia magisterial.
Hasta ayer, el poder Ejecutivo mantenía en duda si se aplicarán o no al pie de la letra las sanciones establecidas en contra de los profesores huelguistas que decidieron el lunes volver a las aulas de clases ante la falta de apoyo de las bases. Como último punto, los docentes plantearon la libertad absoluta de todos los maestros que fueron detenidos por participar en actos vandálicos durante las protestas del magisterio en la capital. "Este es un diálogo que no puede ser como ha sido lo usual cada año con el sector magisterial; ellos tienen la mejor voluntad, ellos lo han expresado así, igual que nosotros, de que el diálogo sea inclusivo", manifestó ayer Lobo Sosa en conferencia de prensa.
"Cualquier acción que se tome sobre el tema de educación... y veo en la dirigencia magisterial una gran voluntad de cambiar lo que siempre han sido los diálogos y que sean diálogos que lleven de por medio lo que es un gran acuerdo con la educación nacional", sostuvo "Pepe".
Las pláticas entre el gobierno y los maestros continuarán este día a las 5:00 de la tarde en Casa Presidencial, donde se comenzará a discutir el primer punto de la agenda en la búsqueda de los primeros acuerdos entre las partes. Alejandra Ventura, ministro de Educación, dijo anoche que una vez resuelto el primer punto se procederá a la firma del mismo como primer acuerdo, hasta lograr evacuar los ocho puntos de la agenda.
"Hemos logrado concensuar una agenda que ya está firmada, se ha levantado el acta correspondiente y hemos logrado definir ocho puntos y vamos a ir tomando las decisiones y levantando actas de los acuerdos que estemos logrando en las diferentes negociaciones", explicó Ventura.
Fuentes: TeleSur
El Universal
El Heraldo de Honduras
El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra sostuvo que solo contando a los condenados con sentencia firme, suman 207 personas, los que precisó no incluyen a los que se acogieron a colaboración eficaz y recibieron condenas. 
